Plan Internacional México presentó esta semana su informe Vivencias y percepciones desde la voz de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en México, elaborado entre enero y marzo de 2026 a partir del trabajo directo con 136 menores de entre seis y 17 años en tres puntos del país.
La metodología incluyó entrevistas, talleres, encuestas, dibujos y ejercicios de cartografía social, además de consultas con autoridades y organizaciones especializadas.
La conclusión central del informe es directa: México dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un territorio de estancia prolongada para la niñez migrante.
Tres ciudades, tres trampas distintas
El estudio identifica tres escenarios que reflejan la nueva realidad migratoria del país, cada uno con sus propias condiciones de vulnerabilidad.
Tapachula, en Chiapas, opera como un punto de contención en la frontera sur. Los procesos de regularización son lentos y miles de personas permanecen varadas durante periodos que se extienden sin fecha de término.
Ciudad de México dejó de ser sitio de paso para convertirse en un espacio de permanencia donde los menores enfrentan dificultades para acceder a educación, alimentación y servicios de salud.
Ciudad Juárez concentra a quienes vieron cerrada la frontera norte tras la cancelación del programa CBP One, y se ha convertido en un espacio de inmovilidad forzada para familias que esperan una oportunidad que no llega.
El miedo como constante
Más allá de las condiciones materiales, el informe documenta algo que los números no alcanzan a explicar del todo: el miedo que atraviesa la vida cotidiana de estos menores.
Los niños y adolescentes entrevistados desconfían de las autoridades mexicanas. La percepción generalizada es que acercarse a cualquier figura institucional representa un riesgo de detención.
Esa desconfianza no es irracional, sino el resultado de lo que han vivido o visto durante el trayecto y en los campamentos donde habitan.
Laura Mora, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, que colaboró en el estudio, señaló que los estigmas sociales que rodean a los migrantes generan barreras concretas que impiden a los menores regularizar su situación o acceder a servicios básicos.
Los niños venezolanos y colombianos reportaron con mayor frecuencia experiencias de discriminación por origen nacional.
Los riesgos se acumulan a lo largo del trayecto y persisten en los lugares de llegada: agotamiento físico, hambre, deshidratación, enfermedades, extorsiones, presencia de grupos criminales y trabajo infantil son parte del panorama que enfrentan.
Quiénes son
Más del 36% de los menores participantes en el estudio son venezolanos. Cuba y Honduras ocupan el segundo y tercer lugar por número de menores.
Ulises, nombre ficticio de un niño hondureño de 11 años que participó en el informe, describió el trayecto con su familia como un proceso muy largo en el que cruzaron puentes y ríos.
Contó que les quitaron mucho dinero en el camino y que terminaron quedándose en México en lugar de llegar a Estados Unidos, que era su destino original.
Lo que el informe propone
Gonzalo Rivera, representante de Plan Internacional México, señaló que los modelos de atención a la niñez migrante ya no responden a la nueva realidad del país.
Si antes la atención se diseñaba para personas en tránsito, hoy la necesidad es distinta: miles de menores permanecen durante periodos prolongados en comunidades mexicanas y requieren procesos sostenidos de integración, acceso a derechos y acompañamiento.
El estudio también señala buenas prácticas que ya existen en el país, entre ellas los albergues de la Ciudad de México, programas de educación en Chiapas y algunas iniciativas de atención nutricional en Chihuahua, como ejemplos de lo que puede escalarse si hay voluntad institucional y recursos.
