Ciudad de México.- Las autoridades de la CDMX están por aprobar un Plan General de Desarrollo (PGD) que regirá el ordenamiento territorial, ambiental y económico de la entidad hasta 2045. Funcionarios de dos instancias del gobierno de la Ciudad se reunieron este 4 de febrero con dos de los cuatro Pueblos Originarios de La Magdalena Conteraspara dialogar sobre los procedimientos de consulta, pero sus representantes externaron que no existen las condiciones para este ejercicio y, tampoco, la confianza en que sus observaciones vayan a ser adoptadas.
En dicha reunión, las instancias correspondientes de gobierno ofrecieron información general sobre los procesos para realizar la consulta del proyecto del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045. Una de estas instancias fue la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), representada por José Luis Velázquez Ubaldo.
Durante el encuentro, Velázquez (Jefe de Unidad Departamental de Consulta para Comunidades Indígenas) aseveró ante representantes de los Pueblos La Magdalena Atlitic y San Jerónimo Aculco:“Nunca se está sometiendo a consideración de ustedes y de los habitantes de la Ciudad de México el documento para su aprobación. Si ustedes lo quieren considerar, considérenlo. Si no lo quieren considerar, no lo consideren”.
Y esta es, justamente, una de las razones por las que representantes del pueblo de Atlitic desconfían de la consulta impulsada por el gobierno: las declaraciones del funcionario dejan ver que el Plan “va” con o sin el visto bueno no sólo de los pueblos, sino también de quienes habitan (y transitan) la CDMX en general.
En ese sentido, de acuerdo con SEPI, la intención de la consulta es ― solamente― que los pueblos conozcan el proyecto, evalúen su pertinencia y den sus propuestas para modificar lo que sea necesario. Pero, según declaró un habitante de Atlitic citando experiencias previas, nada garantiza que dichas propuestas sean adoptadas. Y aunque el PGD será reformable durante su periodo de aplicación, ¿qué implicarán estas reformas en medio de un sistema legislativo configurado en beneficio de ciertos grupos?
El contexto de La Magdalena Contreras vs la consulta del PGD
El recelo de la comunidad de Atlitic respecto al PGD tiene su raíz en la desconfianza generalizada hacia un sistema político basado en la corrupción y en el despojo a costa de la violación de sus propias leyes.
Al respecto, un integrante del pueblo denunció que, a lo largo de las últimas décadas, los gobiernos de la alcaldía La Magdalena Contreras han fomentado problemáticas como los asentamientos irregulares en suelos de conservación o tierras comunales. También declaró que, actualmente, la situación no es distinta, pues el pueblo de Atlitic se está enfrentando a la amenaza de construcción de un corredor ecoturístico en el marco del Mundial de Futbol 2026.
Este corredor se construiría en La Cañada, una zona colindante con el bosque de los Dinamos cuyo deterioro ambiental preocupa a las y los habitantes. Basta con leer el proyecto del PGD para deducir que las propuestas del gobierno de Clara Brugada no erradican estas amenazas sino que las pueden incrementar.
Por ejemplo: en el apartado XVI se habla sobre la preservación delbosque de agua ―del que La Magdalena Contreras forma parte―, pero en el apartado XIII se menciona la intención de convertir parques naturales (incluyendo aquellos que conforman este bosque) en centros de investigación para prácticas como el “turismo sostenible”, una etiqueta bajo la cual se ha ido degenerando parte del territorio contrerense.
El sábado 31 de enero, la comunidad realizó una jornada de limpieza en dos secciones del bosque de Los Dinamos. En ella participaron integrantes del Núcleo Agrario de la Magdalena Atlitic, la organización ECOPIL, brigadas de montañistas, el colectivo Miradas Atentas Kontra el Despojo Ambiental (MAKDA) y personas de la comunidad y de otras partes de la CDMX. | Fotografía: Diana H. GómezEn esta jornada se recolectaron cerca de 220 kilos de basura; la mayoría de ella fueron botellas de alcohol. La venta de bebidas en comercios irregulares es una de las problemáticas del lugar. | Fotografía: Diana H. Gómez
Por razones como esta, el PGD ni siquiera debería someterse a consulta ―denuncia parte de la comunidad de La Magdalena Atlitic―. Ante esto, la SEPI responde que ese tipo de observaciones pueden hacerse llegar para replantear el proyecto y, de no hacerse, entonces se puede reformar el Plan a lo largo de su implementación. Pero, a la comunidad, lo que le preocupa es que no hay garantías de que estas observaciones se implementen, sobre todo considerando que el gobierno busca aprobar el PGD lo antes posible.
Según declaró el mismo Velázquez Ubaldo, la administración buscará tener el proyecto final en la primera mitad del año, lo que deja al gobierno con un marco de entre cuatro y cinco meses para analizar y adoptar las propuestas de todas las comunidades que envíen sus observaciones. Y si bien declaró que las reformas al mismo pueden hacerse a lo largo de los próximos años, para las comunidades, esto implica la inversión de tiempo y recursos de los que muchas veces no disponen para aplicar estrategias como amparos.
“Es bueno que se consulte a los pueblos originarios, a las comunidades agrarias y a los pueblos, porque pues son realmente los que conocen las problemáticas de su entorno. Y eso pues implica consultarlos, implica que opinen… Pero desgraciadamente, todo lo que al pueblo le conviene, al gobierno no. Entonces, el pueblo puede proponer y el gobierno a final de cuentas es el que dispone. Tú propones, pero yo dispongo.”
-Habitante de La Magdalena Atlitic, uno de los pueblos originarios de La Magdalena Contreras
A este gran problema estructural se suma la división interna en las comunidades de Contreras. Esta división ha sido fomentada por administraciones pasadas y presentes, quienes ―como mencionaron integrantes de Atlitic― han sembrado diversas problemáticas al negociar con actores locales que actúan contra el interés de los pueblos.
Esto ha generado una merma importante en la participación política de las comunidades, cuya ruptura no es desconocida por gobiernos que, aun así, insisten en impulsar mecanismos de consulta sin brindar herramientas para su aplicación.
Gobierno de la CDMX, sin voluntad política para una consulta real
El pueblo de Atlitic se resiste a participar en un proceso que parece más una simulación que una consulta real. Esta sospecha se fundamenta también en una falta de voluntad política real del gobierno de la CDMX por informar a los pueblos sobre el Plan General de Desarrollo. En ese sentido, integrantes del Concejo de La Magdalena Atlitic se quejaron con SEPI y con el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la CDMX, quienes solamente ofrecieron cuadernillos informativos como parte de su aportación para difundir el tema entre las y los habitantes de los pueblos de Contreras.
El Concejo de Atlitic reconoce su responsabilidad en la convocatoria de asambleas. Sin embargo, no deja de preguntarse cuál es el nivel de compromiso del gobierno en informar a la comunidad sobre sus propias propuestas de políticas públicas. Por otro lado, no deja de denunciar que este tipo de omisiones violan el derecho de los pueblos a consultas previas, libres e informadas según lo establecen la Constitución Política de México, la Constitución de la CDMX y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la CDMX.
De acuerdo con la convocatoria de la consulta sobre el PGD publicada el 7 de octubre de 2025 en la Gaceta Oficial de la CDMX, este ejercicio debe desarrollarse “mediante procedimientos y plazos apropiados al tipo de medida que se busca adoptar y tomando en cuenta las circunstancias, necesidades y características especiales de los pueblos, barrios y comunidades involucrados”. La Magdalena Atlitic denuncia que esta consulta no debería realizarse, que no hay condiciones para su ejecución y que lo ideal sería sostener una reunión con Clara Brugada o con el secretario de Gobernación, César Cravioto Romero, para dialogar al respecto.
Aun así, no habrá un plazo más allá del 28 de febrero para que los pueblos de la Ciudad de México emitan sus observaciones. El Plan “va porque va” según las declaraciones de José Luis Velázquez Ubaldo. Y, en medio del proceso, la negativa de los pueblos parece no tener cabida en los procedimientos de consulta.
