Este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, decenas de familias se reunieron en La Gallera, un predio en la colonia Maclovio Rojas de Tijuana que guarda una de las historias más oscuras de la ciudad y que hoy funciona como memorial para personas desaparecidas.
El acto incluyó la inauguración de un mural realizado por el artista Javier Ramírez con apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California.
Paso Libre conversó en el lugar con dos referentes en la materia: el abogado y defensor de derechos humanos José Luis Pérez Canchola, con décadas de trayectoria en el tema de personas desaparecidas, y Fernando Ocegueda Flores, presidente de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California, quien lleva más de una década buscando a su hijo y es el principal impulsor del memorial.
Ocegueda Flores precisó de primera mano que su asociación estima 7 mil 890 personas desaparecidas en Baja California desde 2006 a la fecha. Sin embargo, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas solo aparecen 2 mil 700. La brecha, explicó, responde a una falla operativa directa de la Fiscalía estatal.
Las cifras que el Estado no actualiza
Ocegueda Flores detalló en entrevista que en la fosa común de Tijuana hay alrededor de 18 mil cuerpos sin identificar, todos ingresados antes de la creación del Panteón Ministerial.
Con un programa sostenido de exhumaciones de 20 cuerpos al mes, dijo Ocegueda Flores, se podría comenzar a darles nombre en un plazo de diez años. Hasta hoy, ese programa no existe.
El ADN que no sale a tiempo
El padre buscador y activista abundó que Baja California no tiene un Instituto de Ciencias Forenses propio y con base en información recibida directamente en reuniones con la Secretaría de Gobernación, el costo de crearlo ronda los 300 millones de pesos.
Dijo que ante esa limitación, los procesos de identificación dependen del área de periciales de la Fiscalía estatal, que opera sin el personal ni el equipo suficiente.
«Si te va bien son 15 días para una prueba de ADN, si te va mal es un mes, y si te va más mal va a depender también de la calidad de los huesos encontrados, porque ya pueden estar contaminados. Tienes que hacer las pruebas dos, tres o cuatro veces hasta que no proceses el ADN», explicó Ocegueda Flores.
Por otra parte reiteró que el sistema CODIS permitiría cruzar muestras genéticas de Baja California con las de otros estados del país y está en proceso de certificación ISO 9000 con apoyo del consulado estadounidense, pero aún no opera plenamente en la Fiscalía local.
El gobierno federal anunció hace un mes que los recursos etiquetados para el estado se destinarán a equipo de extracción de ADN y personal. Ocegueda Flores recibió la noticia con cautela:
«Quizás sí lo vayan a hacer, pero es muy difícil creer en ellos», dijo, recordando que en el pasado recursos por casi 4 millones de pesos se destinaron a cursos de buceo cuyos beneficiarios ya no trabajan en el área.
La institución que cambia, el problema que permanece
Por otra parte, José Luis Pérez Canchola abundó que uno de los obstáculos estructurales más graves en México es la rotación de funcionarios.
«El problema que tenemos en México es que cambia el gobierno. Y al cambiar el gobierno cambian instituciones, cambian funcionarios, cambian especialistas. Y creo que necesitamos hacer un llamado a que el tema sea transaccional, que los equipos de trabajo, los profesionales, las instituciones permanezcan gobierno tras gobierno. Porque si no, se empieza de cero. Yo lo he visto», afirmó.
El abogado lleva años impulsando una propuesta que no ha encontrado eco institucional: un censo nacional de huérfanos de personas desaparecidas.
«Los niños y las niñas, hijos de personas desaparecidas, crecen con un problema psicológico, crecen con temor, desconfianza, odio. Necesitamos un censo nacional de huérfanos, de personas aportadas a la atención psicológica, para sacarlos adelante, si no, se multiplica la violación», advirtió Pérez Canchola.
También señaló como deuda urgente la integración de una base nacional genética.
«En muchos estados que tienen muestras de personas desaparecidas, esas muestras están ahí guardadas, archivadas, y no entran a una base nacional», dijo.
Desde 2007, cuando en Baja California había apenas dos colectivos de búsqueda, el número creció a alrededor de 40 agrupaciones activas en el estado. Ocegueda Flores no lo celebra.
«Es lamentable que haya más colectivos, porque eso significa que hay más personas desaparecidas», afirmó. En lo que va de 2026, ha atendido personalmente a dos familias nuevas solo en el día de hoy.
Lo que es La Gallera y lo que aún guarda
El predio ahora conocido como La Gallera fue identificado en 2009 tras la detención de Santiago Meza López, «El Pozolero«, un exalbañil que durante años disolvió cuerpos en sosa cáustica bajo órdenes del Cártel de los Arellano Félix y posteriormente del Cártel de Sinaloa, a cambio de 600 dólares semanales.
Confesó haberse deshecho de al menos 300 personas, aunque los colectivos estiman que la cifra real es considerablemente mayor.
En el predio de Maclovio Rojas, Meza López operó una estructura conocida como «la cocina«, conectada a dos fosas donde depositaba los restos disueltos en sosa cáustica.
En cada una de esas dos fosas se estima que hay alrededor de 720 cuerpos, lo que eleva el total a aproximadamente 1 mil 440 personas cuyos restos permanecen ahí sin poder ser recuperados. Por las técnicas de disolución utilizadas, fue imposible extraer muestras de ADN identificables.
Las dos fosas aún no han sido exhumadas porque el material disuelto permanece en estado líquido. Para que la exhumación sea posible, ese líquido necesita secarse por completo.
Si el clima lo permite, los colectivos estiman que ese punto podría alcanzarse en octubre de 2026. Cuando eso ocurra, Ocegueda Flores prometió abrir el proceso a la prensa y a las familias.
«Los voy a invitar a todos en cuanto se haga todo este proceso. Están todos invitados, y vamos a ver en Dios que podamos tener algun ADN positivo de este lugar para entregarle razones concretas a las familias», dijo.
En 2022, tras años de gestión de los colectivos, el predio fue transformado en un espacio memorial. Lo que antes era terracería y bardas fue convertido en un jardín con nichos donde las familias pueden colocar fotografías o plantas en memoria de sus seres queridos.
Hoy, La Gallera es uno de los pocos lugares en Tijuana donde las familias de personas desaparecidas encuentran un espacio propio para el duelo. Son 16 años buscando. Y la esperanza, dijo Ocegueda Flores, sigue viva.
